La clasificación de la muerte según la etiología médico legal establece que la muerte natural es la producida por procesos biológicos propios (endógenos o exógenos) en la que no hay participación de fuerzas extrañas al organismo.
Otro término utilizado en la práctica clínica es el de muerte por causas naturales que se refiere a aquella muerte no provocada por cualquier tipo de lesión o sustancia extraña, así lo hace constar David Fowler, presidente de la Asociación de Examinadores Médicos (NAME) de EEUU.
Pues bien, la muerte natural compete a la asistencia sanitaria y somos los médicos asistenciales los que tenemos que certificar sus causas. Por el contrario, la muerte violenta siempre es judicial, la investigan los médicos forenses y habitualmente requieren autopsia.
Llama la atención esta decisión incluida en la Ley: Eutanasia equiparada a muerte natural. La ley que entrará en vigor el próximo 25 de junio, tres meses después de su publicación en el BOE, equipara dos conceptos que, en principio, son contradictorios. En la norma que no ha sido consensuada ni han sido consultados colegios profesionales ni sociedades científicas, la muerte natural no viene definida ni dice cuales son sus efectos pero como ocurre en Derecho "lex dura, sed lex" (la ley es dura pero es ley) la Ley aprobada es de obligado cumplimiento por lo que lo aprobado en ley obliga al menos hasta que la ley no sea modificada.
Si esta ley ha nacido con cierta confusión no son menos las contradicciones existentes en la redacción de la misma. Se ha dicho que las prisas son malas consejeras y he aquí un ejemplo de lo que sucede cuando lo político se antepone a lo social. Eutanasia no es muerte digna y ahí reside la primera y más importante discusión.
La mediatización de una cuestión tan trascendente es el primer error cometido. Poner sobre la mesa un tema en el que todos se consideran obligados a dar su opinión conduce a la ciudadanía a llegar a conclusiones dispares y no uniformes.
A falta de datos explicativos en la propia Ley habría que dirigirse al artículo 83 de la Ley del Registro Civil ("si hubiese indicios de muerte violenta se suspenderá la licencia (del entierro) hasta que según el criterio de la autoridad judicial correspondiente, lo permita el estado de las diligencias , en relación con los artículos 340 y 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; es decir, a la necesidad de iniciar diligencias judiciales y de efectuar autopsia, para lo cual se tendría en mente la Recomendación nº (9.9) 3 del Consejo de Ministros de los Estados Miembros para la armonización metodológica de las autopsias médico legales de la Unión Europea. Si la deducción es correcta, se trataría de que no sería preciso incoar diligencias judiciales ni efectuar autopsia en los casos regulados. Sería considerada en todo cas como muerte no violenta, como derivada de la propia enfermedad y no tendría la consideración de delictiva.
Por lo que se deduce de lo anterior la interpretación es compleja y sujeta a interpretación. Los que respaldan la Ley dicen que es garantista, otros. los que defienden posturas contrarias, dicen que puede acentuar las desigualdades pues el dolor, el miedo al dolor y no ser carga para los familiares pueden ser motivos suficientes para solicitar la ayuda a morir.
La manipulación política de la eutanasia ha hurtado un debate sereno y medido sobre esta cuestión sin contar con los médicos y bioéticos . Manipulado durante décadas y desde todos los puntos de vista ideológicos los partidarios de la eutanasia inciden mucho en la dignidad y en el derecho irrenunciable a quitarse la vida.
Morir en paz
Cómo indica Alberto Meléndez, médico paliativita y vicepresidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos se hace necesario construir juntos una sociedad compasiva. Se puede morir bien sin predeterminar ni el día ni la hora.
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